Julian Assange ¿se le acaba su refugio?

Lenin Moreno, Presidente de Ecuador en su visita a España él pasado 17 de diciembre de 2017, dijo que Julián Assange deberá abandonar en algún momento la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece asilado desde junio de 2012 y afirmó que esta situación “no se puede prolongar eternamente y que en algún momento habrá que darle una salida”. Indicó que mantiene comunicación permanente tanto con el gobierno británico, como con el equipo legal del también periodista australiano y sostuvo que la vida de Assange “no va a correr peligro”. La visita quedó también marcada por la situación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, que ha venido apoyando el plan independentista en Cataluña que abrió una crisis sin precedentes en España.

Assange está reclamado por EE.UU. para ser juzgado por las publicaciones de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial. Assange también fue acusado por dos mujeres por violación, hecho que negó, pero la justicia sueca lo solicito en 2010, aunque su expediente fue archivado por Suecia.

Pero la justicia británica aún mantiene la orden de detención contra Assange por incumplir obligaciones de su libertad condicional cuando fue acusado de supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia. Aunque las causas suecas no prosperaron, el creador de WikiLeaks teme que si deja la embajada pueda ser extraditado a Estados Unidos, por difundir miles de secretos oficiales de esa nación a través de su página web.

Assange se refugió en la legación de Ecuador en Londres en junio de 2012 para evitar entonces ser extraditado a Suecia para responder a las acusaciones. Dos meses después, Quito le concedió asilo diplomático sin que el Reino Unido le otorgara un salvoconducto para que pudiera salir sin problemas de la embajada.

El abogado de Julian Assange señaló que son conscientes del grave tema legal que afronta el fundador de WikiLeaks, pero estaría dispuesto a entregarse,  a la justicia británica si el país europeo le asegura que no lo extraditará a los EE.UU. En una entrevista, su abogado   detalló que la defensa está exigiendo su seguridad para que de  entregarse no sea extraditado a un tercer país en el que se vea afectada su vida, su integridad física o tenga un proceso justo.

Julian Assange perdió a una férrea defensora cuando, en junio pasado, dejó la Cancillería ecuatoriana María Fernanda Espinosa, para ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU. Espinosa tenía una postura clara en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, y una relación política fuerte con el presidente Moreno.

Bill Van Auken, en el portal World Socialist, (trotskistas) interpreta que Moreno dejó en claro que su gobierno está negociando activamente su entrega a las autoridades británicas, cuya policía espera afuera de la embajada ecuatoriana para atraparlo en el momento en que ponga el pie en Londres. “Si él cayera en las garras de las autoridades británicas, sería sometido a una larga prisión hasta su extradición a EEUU, donde podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte por espionaje y conspiración”.

Van Aucken “especula” que la única condición que pondría Ecuador para entregar a Assange, es que éste no sea ejecutado. Y añade que las protestas de España por la condena de WL a Madrid por el arresto del ex presidente catalán Carles Puigdemont “llevaron al gobierno de Moreno a cortar el acceso de Assange a Internet y evitar que reciba llamadas telefónicas o visitantes, reduciéndolo a un estado de incomunicación con menos derechos que un prisionero”.

Pero con la excusa del caso Assange, el WS generaliza y ataca no solo a Moreno sino a los gobiernos “pseudo izquierdistas” de la región, desde Ecuador a Venezuela, Bolivia, Brasil, Nicaragua, e insta a los trabajadores latinoamericanos a unirse a las filas de trabajadores de todo el mundo para defender a Assange.

Lejos de reconocer el derecho básico de Assange a la comunicación, el protocolo le prohíbe hacer cualquier comentario político considerado perjudicial para Ecuador o sus “buenas relaciones” con “cualquier otro Estado” y dejo claro que sus comunicaciones y visitas serán sometidas a vigilancia, y los resultados serán compartidos con las agencias de espionaje estadounidense y británica.

Una breve filmación de la protesta, publicada en la cuenta de Twitter de WikiLeaks, muestra una manifestación resuelta y de tamaño considerable en defensa de Assange, flanqueada por la policía. Hablando mediante teleconferencia desde la embajada a la audiencia del tribunal en Quito, Assange dijo que el nuevo protocolo era una señal de que Moreno ya había decidido poner fin a su asilo, pero no había dado la orden oficialmente todavía. Antes de que pudiera decir cualquier otra cosa más, el abogado del gobierno de Ecuador, Íñigo Salvador, lo interrumpió, advirtiéndole que no hiciera declaraciones políticas durante la audiencia.

Lejos quedan momentos difíciles como el de la expulsión de Ecuador de la embajadora Heather Hodges en 2011, pero en los últimos tiempos se han producido otras situaciones complicadas por la posición del Gobierno ecuatoriano en los casos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y del ex técnico de la CIA Edward Snowden ambos reclamados por los EE.UU.

La posibilidad de que EE.UU. haya abierto en secreto un proceso judicial en su contra, podría afectar a los recientes esfuerzos legales y diplomáticos de Ecuador por resolver su situación, e influir en su relación con el activista, algo tensa desde que asumió la Presidencia de Lenin Moreno.

Claro que a Ecuador tampoco le han agradado revelaciones sobre otros asuntos, como las que indican que la CIA habría intervenido en un bombardeo colombiano ocurrido en marzo de 2008 contra una base que las FARC habían instalado de forma clandestina en territorio ecuatoriano, un asunto que Quito considera grave y sobre el que pidió explicaciones a Washington. El Ejecutivo ecuatoriano también ha tomado decisiones que afectan a la presencia norteamericana en el país, como pedir la retirada de militares estadounidenses de la embajada en Quito, el anunciado cierre de la oficina de cooperación antidrogas o el cese de actividad de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en inglés), cerrados en septiembre.

“No tendría sentido para el Gobierno ecuatoriano una ruptura de relaciones”, según Donoso, quien considera que el Gobierno, en ese sentido, ha sido “pragmático” al considerar el peso comercial de la relación y sacar las competencias de Comercio Exterior de la Cancillería, cuyo titular, de acuerdo al especialista, “se opone” a intensificar los lazos comerciales con EE.UU. y ha sido impulsor de las relaciones con Irán.

El Embajador Saadat Aghajani se refirió a los acercamientos que ha tenido con el Presidente de la República, Lenín Moreno: “Hemos tenido una relación muy cercana con las autoridades del nuevo Gobierno y estamos en contacto permanente con la Cancillería y otros ministerios, afortunadamente puedo decir que todas las puertas se encuentran abiertas de lado a lado”.

En esta nueva tesitura no sería de extrañar que Julian Assange fuera extraditado

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